Las principales entidades corporativas de Bolivia y Paraguay reclamaron que se deje de cobrar el peaje en el tramo Santa Fe al norte de la vía navegable. Arrancó este miércoles en Santa Cruz de la Sierra un primer encuentro multilateral.
Las principales entidades empresarias de Paraguay y Bolivia se reunieron a principios de semana para pronunciarse en contra de la decisión del gobierno nacional de empezar a cobrar un pejae por el acondicionamiento de la hidrovía en el tramo de la hidrovía Santa Fe al norte, que es usado casi en exclusivdad por puertos de ambos países. El comunicado se dio a conocer este miércoles justo cuando comienza la reunión en Santa Cruz de la Sierra del Comité Intergubernamental de la Hidrovía que debe buscar una salida al conflicto.
El comunicado empieza recordando lso términos del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, tiene por objetivo establecer un marco normativo común que favorezca el desarrollo, la modernización y la mejora en eficiencia de las operaciones fluviales, facilitando así el acceso en condiciones competitivas a los mercados regionales de ultramar; bajo los principios de: Libertad de Navegación, Igualdad de Tratamiento y Libertad de Tránsito.
Y luego señalan que las instituciones privadas firmantes apoyan la búsqueda de eficiencia operativa en el marco del Acuerdo, incluyendo obras cuando fuera necesario. «Sin embargo, resulta inconveniente la provisión del servicio tradicional de balizamiento –con boyas estáticas– porque eso no sólo no favorece la navegación, sino que incluso puede llegar a entorpecerla en función del permanente cambio de traza que las corrientes ocasionan en ese tramo del río Paraná», advierten.
«En el presente año, el gobierno argentino procedió a instrumentar, de manera unilateral, el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte de fluvial que circula por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”. Este peaje afecta a los usuarios de la región: importadores, exportadores, armadores y prestadores de servicios; no solo a los armadores paraguayos. Este tipo de medidas además de encarecer los bienes de la región, haciéndolos menos competitivos, podría desmotivar el uso de la hidrovía», prosigue.
«Es la intención de todas las instituciones presentes defender de manera decidida el Acuerdo y sus principios por lo que instamos a todos los actores, a los miembros de los gobiernos, a resolver los problemas dentro del marco de la CIH y la Comisión del Acuerdo. Es importante resaltar que toda acción de uno de sus miembros afecta al resto. Por lo tanto, todas las acciones que tomen los países deben enmarcarse bajo el enfoque de la multilateralidad. Más aún, teniendo en cuenta que dos de sus miembros, son países mediterráneos, que tienen derecho de acceso a los océanos consagrados en la Convención del Mar», resaltan las entidades.
Las organizaciones corporativas que firmaron el documento son, entre otras, la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados, la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz, la Cámara Paraguya de Procesadores de Oleaginosos y Cereales, la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleganisosas, Unión Industrial de Paraguay, Centro de Navegación de Paraguay, Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas, Cámara Nacional de Exportaciones de Bolivia y la Cámara de Comercio e Industria de Bolivia.
